Gras consideró que “tenemos que abrir las ventanas y sacar de los cajones los papeles que puedan existir para despejar cualquier sombra de duda que exista sobre las presuntas connivencias de trato de favor que pueda existir en este caso, como en otros del Ayuntamiento de Murcia, con concejales del Partido Popular que estaban en el Gobierno municipal o que habían estado en el momento de adjudicar los contratos”.
José Ignacio Gras se refiere a las informaciones publicadas hoy por el diario La Verdad, en el sentido de que la Fiscalía está investigando una supuesta trama de contratos liderada por el que fuera concejal Antonio Sánchez Carrillo. Unos contratos en los que habría existido trato de favor para esa empresa, al frente de la cual estaría un testaferro del dirigente del Partido Popular. Según el diario La Verdad, la fiscalía trata de investigar si Sánchez Carrillo se encontraba al frente de la concejalía cuando montó esta empresa, a cuyo frente habría situado a un presunto testaferro. Empresa que presuntamente entre 2000 y 2006 se habría adjudicado todos los contratos de mantenimiento de la vía pública, adjudicaciones que podrían haberse prolongado presuntamente hasta 2014, durante el mandato de José Arce.
La petición de la Comisión de Investigación será planteada por el Grupo Socialista en el Pleno del próximo mes de septiembre, y en la misma se reclamará, entre otras cuestiones, el soporte documental y la justificación económica y financiera de la adjudicación de los contratos del Ayuntamiento con esta empresa. Una relación que al parecer se desarrolló durante al menos catorce años, y que supuso cuantiosas cantidades económicas.
El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha pedido al Ayuntamiento que lleve a cabo una investigación interna para analizar si la supuesta adjudicación ilegal de contratos públicos a favor de Urbatisa que investiga la Fiscalía causó algún perjuicio económico a las arcas municipales y esclarecer si fallaron los mecanismos de control existentes para evitar este tipo de irregularidades.Según la Fiscalía, la desaparecida Urbatisa fue la empresa que durante años acumuló gran cantidad de contratos con el Ayuntamiento de Murcia y sobre la que existen sospechas de que podría estar bajo el control de Antonio Sánchez Carrillo, exconcejal de Vía Pública, a través de un testaferro.
Además, Ramos ha pedido al Consistorio que se persone como parte activa en la causa si la investigación de la Fiscalía se traslada a un proceso judicial, al objeto de defender los derechos del Ayuntamiento y de la ciudadanía, ejerciendo una labor de acusación y no de protección hacia los presuntos implicados.